El Defensor del Pueblo reclama que el Estado y la Iglesia “colaboren” para indemnizar a las víctimas de pederastia
El Defensor del Pueblo ha reclamado este jueves en el Congreso que el Estado y la Iglesia “colaboren juntos” para indemnizar a las víctimas de pederastia. “Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, adopten compromisos conjuntos”, ha declarado Ángel Gabilondo. Un año después de terminar su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, Gabilondo ha acudido al Pleno para defender su trabajo y apremiar a los diputados, que le encomendaron por amplia mayoría la investigación en 2022 (solo Vox votó en contra), que acojan las 24 recomendaciones que ha incorporado en su estudio. La más importante: indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia.
Gabilondo propone la creación de “un fondo estatal” para el pago “en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar el caso penalmente. Un órgano independiente, “de carácter temporal” y formado para la ocasión, instauraría el procedimiento a seguir por los afectados.
El Defensor exige en su informe la colaboración de la Iglesia para que “asuma el compromiso de hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones”. Los obispos ya han advertido que se negarán a colaborar y que prefieren poner en marcha un plan de reparación unilateral, a pesar de que decenas de víctimas están denunciando que el modelo actual de la Iglesia no solo es insuficiente, sino que en realidad no se está ejecutando y denuncian que la jerarquía eclesial no están reparando el daño causado, alargan los procesos canónicos de sus casos, no contestan a sus correos y les obligan a firmar cláusulas de confidencialidad. “Es el momento de tomar medidas concretas”, ha insistido Gabilondo.
El Defensor también ha subrayado que si “se ha roto el silencio” ha sido gracias “al esfuerzo de las víctimas” y al trabajo de los medios de comunicación. Gabilondo ha mencionado el trabajo de EL PAÍS, que en 2018 inició una investigación sobre el escándalo de los abusos clericales y que en 2021 provocó que el Congreso encomendase a de Gabilondo la redacción del informe que presenta ahora. Tras el encargo, el organismo creó dos grupos de trabajo que escucharon a 487 víctimas y recopilaron datos para la redacción del estudio.
El resultado fue demoledor: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima la encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. Las conclusiones fueron muy críticas con los obispos españoles y varias órdenes religiosas, que en algunos casos ni siquiera contestaron a los requerimientos de la comisión del Defensor. El documento también corroboraba que la Iglesia encubrió cientos de casos a la vez que protegía a los pederastas.
