La Audiencia Nacional ha concedido este martes la libertad condicional a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular condenado por el caso Gürtel. El magistrado José Luis Castro considera que Bárcenas ya “ha cumplido las dos terceras partes de su condena, ha pagado la responsabilidad civil en su totalidad, ha mostrado su arrepentimiento y se ha sometido a programas para internos sentenciados por delitos económicos”. En el auto, el magistrado explica que la Junta de Tratamiento del CIS Victoria Kent propuso la concesión de la libertad condicional de Bárcenas, la Fiscalía no se opuso. Así, Castro admite que el condenado pago la suma de mas de 4.5 millones de euros y que solo le queda un cuarto de la pena de prisión que le impuso, y cumplirá previsiblemente en septiembre de 2028. “En cuanto a los aspectos psicológicos, el auto destaca el arrepentimiento del penado, el reconocimiento de los hechos y la asunción de las consecuencias de sus actos, así como el abono de la responsabilidad civil derivada del delito juntos con los intereses, el estilo de vida positivo, la ausencia de trastornos psicopatológicos y la elevada tolerancia a la frustración”, dice el documento judicial.
El magistrado también valora que Bárcenas ha realizado el programa PIDECO para internos condenados por delitos económicos, “que está motivado al cambio, al aprendizaje y al desarrollo personal, que no ha faltado a ninguna de las sesiones, que ha participado activamente en las reuniones, ha sido solidario con sus compañeros, se ha mostrado franco y ha realizado todas las tareas requeridas con actitud crítica y reflexiva”. No obstante, en el auto señala como aspectos negativos que han estado presentes para la aprobación de la libertad condicional “la reiteración delictiva, la gravedad de los delitos, la alarma social y el tiempo de condena pendiente de cumplimiento”.
Por eso, “en atención a esas reglas de conducta”, Castro ha impuesto a Bárcenas de fijar un domicilio y comunicar al juzgado cualquier cambio e informar de “cualquier situación en la que resultase detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en un proceso penal, así como la obligación de continuar con la actividad laboral, con presentación cada trimestre de la documentación correspondiente”.
