Día y medio han pasado los presidentes autonómicos del PP junto al líder, Alberto Núñez Feijóo, metidos en un hotel del minúsculo municipio de Colunga (Asturias), adonde llegaron el viernes por la tarde. El motivo del encierro era terminar de definir los flecos de la Declaración de Asturias, texto suscrito por los barones con el que pretenden armonizar medidas en materia de vivienda para atajar el problema del encarecimiento de la compra y el alquiler a través de reducciones de impuestos, liberaliación del suelo y normas antiokupación. La medida estrella anunciada por el líder del Partido Popular este domingo es la reducción de impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), de competencia autonómica, del 10% al 4% a los jóvenes. La intención de Génova es que las 11 comunidades donde gobierna el PP apliquen dicha reducción fiscal para la compra de inmuebles de segunda mano, aunque ya hay varios territorios donde está implantada, como Andalucía (donde es del 3,5%) o Castilla y León. Con el cónclave, los barones han logrado además una nueva fotografía con la que exhibir músculo territorial. “Nosotros tenemos que seguir con una alternativa, Para eso estamos aquí, ahí se queda el Gobierno con sus asuntos turbios”, ha dicho Feijóo a los suyos en Oviedo.
Todos los presidentes autonómicos han acudido a Asturias y han suscrito el documento, también el president valenciano Carlos Mazón, que ha recibido una gran ovación del centenar de cargos presentes en el acto, en el hotel Reconquista de Oviedo. “España no está obligada al fracaso, a mantener el desgobierno. Hemos de dedicarnos a hacer la política que sirve, la única política que vale la pena”, ha comenzado Feijóo su intervención.
Además de la reducción del ITP, también pretenden bajar los impuestos a quienes compren, alquilen y arrienden una vivienda; dar avales del 100% para menores de 40 años que compren una casa; liberar suelo público para ponerlo a disposición del sector y construir viviendas “en alquiler a precio tasado un 30% por debajo del precio [de mercado]”; crear un seguro antiokupación y asistencia jurídica a tal efecto; además de habilitar un teléfono específico para denuncias por okupación y un registro específico de casas okupadas junto al “contacto permanente con la policía”. Por último, el PP quiere disminuir el tiempo medio de respuesta de los informes de los nueves a los tres meses y “flexibilizar el marco regulatorio para que más personas puedan acceder a viviendas de protección oficial”.
“Qué diferencia entre la reunión que hemos tenido aquí y la Conferencia de Presidentes”, ha afirmado Feijóo para criticar el cónclave organizado por La Moncloa a mediados de diciembre, también centrado en vivienda. “Aquello fue un conjunto de monólogos sin documentación. Aquí los presidentes hemos tenido sentido de Estado y nos hemos escuchado los unos a los otros sin límite de tiempo”, ha remachado.
Además de la vivienda, los barones también han suscrito en el acuerdo un punto que recoge la fórmula de “mercado abierto” entre comunidades, para que las licencias y permisos concedidos en una comunidad autónoma tengan validez en otras. Sin embargo, el Ministerio de Economía, con Carlos Cuerpo al frente, ya trabaja desde septiembre pasado en una fórmula similar para facilitar la obtención de permisos y que se pueda operar en toda España con una especie de licencia única que esté siempre consensuada con las comunidades autónomas.
