Terremoto en el sector inmobiliario por la propuesta de PSOE y Sumar de acabar con el régimen fiscal de las socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). La principal firma de este tipo de compañías en España, Merlin Properties (cotizada en el Ibex 35), está evaluando “determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los citados accionistas, clientes y empleados”, informó este martes por la noche la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Sin excluir ninguna posibilidad legal a nuestro alcance” a medio y largo plazo, puntualiza la firma en el comunicado. Fuentes empresariales consultadas indican que entre esas posibilidades está llevarse la sede de Merlin a otro país europeo, como hizo Ferrovial trasladando su domicilio fiscal a Países Bajos.
Tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Sumar, Merlin Properties se dejó en Bolsa este martes un 7,3%. Inmobiliaria Colonial, la otra socimi del Ibex, se dejó un 5,03%. Esta propuesta fiscal, que fuentes empresariales indican que no ha sido consultada con el sector, todavía tiene que recibir los apoyos de los socios del Gobierno, como ERC, PNV y Junts.
“A la vista de las circunstancias, la compañía evalúa en estos momentos distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, para el supuesto de que dicha aprobación se produzca. La evaluación se centra, a corto plazo, en calcular el impacto efectivo en cash flow de esta propuesta, que prevemos limitado por el efecto conjunto de diversas normas fiscales”, incide el documento para el mercado. A medio y largo plazo, los responsables de la socimi no excluyen ninguna posibilidad legal.
La compañía explica que siempre ha tenido clara la justificación económica de la versión española del régimen REIT internacional (una figura similar a las socimis españolas), basada en introducir en el mercado “estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad”, que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias, modernas y sostenibles para los diferentes sectores económicos como oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía, “todo ello con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos”.
Además, según la empresa, este régimen tributario permite eliminar la doble imposición “al tiempo que garantiza equilibradamente un determinado nivel de tributación efectiva, la distribución puntual de beneficios y la rentabilidad de ahorradores e inversores. Este régimen es un gran activo para el crecimiento de la economía española”. Compañías como Merlin, por ejemplo, cuentan ahora con un plan de inversiones de 2.000 millones para levantar centros de datos en España.
Estas sociedades fueron creadas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Pero el reglamento que las impulsó se desarrolló en 2012 bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata de una figura bastante implantada a nivel internacional bajo el nombre genérico de REIT (real estate investment trust o fondo de inversión inmobiliaria), que nació en Estados Unidos a finales de los años sesenta y que se ha expandido por casi todos los países de la OCDE.
Aunque el documento de PSOE y Sumar justifica la supresión del régimen fiscal en “que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”, según el documento conjunto de los socios, estas inmobiliarias se dedican a otras muchas inversiones. Las socimis están dedicadas a arrendar propiedades de naturaleza urbana. Invierten en la compra o construcción de edificios de oficinas, centros comerciales, centros de datos, hoteles, residencias de estudiantes y de mayores o plataformas logísticas. En el caso español, las más grandes principalmente son de actividad no residencial. Tienen como ventaja fiscal tributar al 0% (aunque con algunas excepciones). A cambio deben repartir al menos el 80% del beneficio en dividendo a sus accionistas, que sí están obligados a tributar. Además, tienen la obligación de cotizar en alguna Bolsa europea.
En el documento a la CNMV, la empresa también se queja de la reiterada vinculación que han hecho determinados partidos políticos con este régimen fiscal. “Se vienen utilizando, de forma reiterada, argumentos que vinculan a las socimi con la vivienda, ya sea por las subidas de rentas o precios o la restricción actual de oferta en España. La realidad es que ni Merlin, ni ninguna de las otras tres socimi que actualmente cotizan en el mercado continuo [Colonial, Lar España y Árima], operan en vivienda, como tampoco lo hacen multitud de commercial REIT internacionales con los que competimos”.
Entre las empresas grandes del sector, además de Merlin, se encuentra Inmobiliaria Colonial (oficinas), Lar España (centros comerciales), Testa (viviendas), GMP (oficinas) o Montepino (logística). Estas empresas cuentan con el domicilio fiscal en España acogiéndose al régimen de socimi, aunque alguna de ellas como Montepino cotice en el mercado francés de Euronext. El paso de Merlin, si decide como opción salir de España, se trataría de llevarse el domicilio fiscal fuera del territorio, como hizo Ferrovial en 2023.
Tal como publica Cinco Días este miércoles, este tipo de régimen fiscal es habitual en Europa, por lo que la supresión significaría que perdiesen las ventajas frente a sus pares de otros países. Un informe del despacho de abogados Clifford Chance realizado para este medio, con datos de la asociación europea inmobiliaria EPRA, recoge los países europeos donde existe esa exención. En Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Hungría, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal cuentan con tipo cero para el impuesto de sociedades. En Grecia, a su vez, se aplica un tipo superreducido.
En España, el crecimiento ha sido muy rápido. El gobierno luso del entonces primer ministro socialista Antonio Costa se inspiró en 2019 en el éxito de la socimi española para crear las allí llamadas SIGI (Sociedades de Gestión e Inversión Inmobiliaria). En poco más de una década existen alrededor de 120 de este tipo de sociedades. Algunas de ellas engloban grandes patrimonios que llevan a este tipo de sociedades a Bolsa (BME Growth y Euronext, principalmente) para beneficiarse de las ventajas fiscales.
Aunque en España estén exentas de pagar el impuesto de sociedades, la norma sí les obliga (además de a reparti dividendo, que sí tributa) a pagar un 15% sobre el beneficio no distribuido (un cambio impulsado en 2021 por PSOE y Unidas Podemos) y un 19% sobre la proporción del accionariado de aquellos accionistas que tributen menos del 10% por sus dividendos. Empresas como Merlin Properties, la mayor del sector, pagó el año pasado 8,5 millones de euros en el impuesto de sociedades, un 8,8% de su resultado, según se recoge en las cuentas consolidadas de la firma de 2023.
